Sobre Nosotros

La Fundación Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid (IRMA-FSP) es una fundación perteneciente al sector público autonómico. Está integrada por la Comunidad de Madrid que la preside y por las organizaciones sindicales Comisiones Obreras de Madrid (CCOO) y Unión General de Trabajadores UGT-Madrid y la organización empresarial CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE).

Nace en virtud del Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos laborales en la Comunidad de Madrid, renovado en julio de 2018 y en noviembre de 2022.

La Fundación IRMA-FSP tiene como actividad fundacional la solución extrajudicial de los conflictos laborales a través de los procedimientos de mediación y arbitraje establecidos en el Acuerdo Interprofesional y desarrollados en su Reglamento de Funcionamiento. Además de las funciones de intervención en los conflictos que le son propios, la Fundación IRMA actúa como órgano de mediación a los efectos de los artículos 63 y 156 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, conforme a las previsiones y límites que marca su norma reguladora.

En definitiva, la misión de esta Fundación es, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, promover, divulgar y proporcionar los sistemas, prácticas y mecanismos voluntarios y autónomos para la solución de conflictos laborales. Sus procedimientos son gratuitos, garantizándose la igualdad de las partes, su autonomía, la celeridad y la inmediatez. La labor de la Fundación IRMA, FSP-CM se desarrolla en su sede, en la Avda. de Asturias 6 de Madrid.

Ámbito Objetivo:

Serán susceptibles de someterse a los procedimientos de solución de conflictos aquellos que puedan surgir entre los empresarios y los trabajadores, o sus organizaciones representativas, siempre que versen sobre materias de libre disposición, conforme a derecho, en los conflictos laborales siguientes recogidos en el 5 del Reglamento de Funcionamiento:

a) Los conflictos colectivos de interpretación y aplicación, definidos de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y sin perjuicio de las competencias de las comisiones paritarias, a la que se refieren los artículos 85.3 y 91.3 del Estatuto de los Trabajadores, en los conflictos de interpretación y aplicación de convenios colectivos.

b) Las controversias en las comisiones paritarias de los convenios colectivos que conlleven el bloqueo en la adopción de acuerdos para la resolución de las funciones que legal o convencionalmente tengan atribuidas, si así lo dispone el convenio de referencia. La iniciativa de sometimiento a los procedimientos previstos en este Acuerdo deberá instarse por quien se disponga en el convenio colectivo o, en su defecto, por la mayoría de ambas representaciones.

c) Los conflictos surgidos durante la negociación de un convenio colectivo que conlleven su bloqueo.

No será preciso el transcurso de plazo alguno para someterse a los procedimientos previstos en este Acuerdo cuando sea solicitado conjuntamente por quienes tengan capacidad para suscribir el Convenio con eficacia general.

Si el bloqueo se produce transcurridos tres meses desde la constitución de la mesa negociadora, podrá solicitar la mediación, tanto la representación de los empresarios como de los trabajadores que participen en la correspondiente negociación, quienes deberán contar con la mayoría de dicha representación. No se exigirá la mayoría, si así está previsto en el convenio colectivo, cuando se hayan superado los plazos máximos de negociación previstos en el artículo 85.3 e) del Estatuto de los Trabajadores o en el convenio que se esté renovando.

d) Los conflictos surgidos durante la negociación de un acuerdo, pacto colectivo o pacto de empresa, que conlleven el bloqueo de la negociación correspondiente, a partir de los tres meses a contar desde la constitución de la mesa negociadora, salvo que se trate de la renovación de un acuerdo o pacto que contemple un periodo distinto al precedente, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mismo.

En este supuesto, podrá solicitar la mediación tanto la representación de los empresarios como la de los trabajadores que participen en la correspondiente negociación, quienes no obstante deberán contar con la mayoría de dicha representación.

No será preciso el transcurso de este período cuando la mediación sea solicitada conjuntamente por ambas representaciones.

e) Los conflictos derivados de discrepancias surgidas en el período de consultas exigido por los artículos 40, 41, 47, 51 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

f) Los conflictos derivados de las discrepancias surgidas en el periodo de consultas exigido por el artículo 44.9 del Estatuto de los Trabajadores, que no se refieran a traslados colectivos o a modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo.

g) Los conflictos que motiven la impugnación de convenios colectivos, y/o pactos de empresa de forma previa al inicio de la vía judicial.

h) La sustitución del período de consultas, acordada por el Juzgado, por la mediación o el arbitraje, a instancia de la administración concursal o de la representación legal de los trabajadores, en los supuestos del artículo 176.2 de la Ley Concursal.
i) Los conflictos derivados de las discrepancias surgidas durante la negociación entre empresa y representación legal de los trabajadores, de acuerdos de inaplicación de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos sectoriales, cuando dichos convenios contemplen su inaplicación negociada, y siempre que esta función no esté atribuida a la comisión paritaria del convenio, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1. b) de este artículo.

j) Los conflictos en caso de desacuerdo entre la representación legal de los trabajadores y la empresa, en los supuestos de flexibilidad extraordinaria temporal, prevista en los convenios colectivos y/o pactos de empresa.

k) Los conflictos que den lugar a la convocatoria de huelga o que se susciten sobre la determinación de los servicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga.

l) Los conflictos individuales y plurales, incluidos TRADES y excluidos empleados públicos, salvo lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, con acuerdo de ambas partes de someterse al procedimiento de mediación. Se exceptúan los conflictos en materia de extinciones de contratos, régimen disciplinario, reclamaciones de cantidad superiores a 6.000 euros, aquellos en los que se alegue formalmente vulneración de derechos fundamentales y demandas de tutela del derecho de libertad sindical.

m) Conflictos que versen sobre Seguridad Social complementaria, incluidos los planes de pensiones, quedando excluido el resto de las cuestiones que recaigan sobre Seguridad Social.

n) Conflictos sobre desacuerdos en la vigencia de un convenio, en los términos de lo previsto en el artículo 86.4 del Estatuto de los Trabajadores.